En estos días vemos como la cuestión ambiental en la República Argentina y en la Provincia de Corrientes, ha adquirido una relevancia inusitada.
Ante la opinión pública pareciera que defender las causas ambientales se opone irremediablemente al crecimiento económico de una economía que pretende crecer sin reparar en los costos. Y como sabemos los costos a la corta o la larga se pagan – y muy caro-.Es por ello que esta situación me lleva a realizar las siguientes reflexiones:
1.- La defensa del medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano es una “obligación” de todos y cada uno de los habitantes de esta nación, según lo manda expresamente la Constitución Nacional (art.41º) y la Constitución de la Provincia de Corrientes (art.1º) y en un Estado de Derecho ¡hay que cumplir la ley!, nos guste o no. Lo contrario sería un actuar ilícito y reprochable desde todo punto de vista.¿Quiénes deben cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales?, en primer lugar: los que nos gobiernan, en los tres poderes que lo constituyen, es decir el Presidente, el gobernador, el intendente; los legisladores nacionales, provinciales y municipales y el poder judicial; en segundo lugar todos los habitantes de estas bendita tierra argentina.
Consecuentemente con la idea de generar nuevas fuentes de trabajo, nuevos emprendimientos productivos, etc., no se puede violar la norma constitucional y la legislación nacional, provincial y municipal vigente.
Sería como legalizar la producción de cocaína porque ello puede traer beneficios económicos, lo que constituye un absurdo moral y jurídico.
No se puede convertir lo ilícito en legal, hay en juego “derechos humanos, fundamentales” que no se pueden avasallar.
2.- La defensa del ambiente tiende atener una calidad de vida mejor para todos los habitantes, y para las “generaciones futuras” es decir de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
¿Qué vida sería si el aire que respiramos; el agua que tomamos; lo que comemos están contaminados?, no se puede cambiar trabajo por salud, como no se puede vender un órgano de una persona viva, por más dinero que le reporte.
3.- Aclarado estas consideraciones previas, debemos analizar dentro del marco legal, que es lo que podemos hacer para lograr el progreso de nuestro pueblo, que necesariamente va a implicar otros derechos como el trabajar, el de tener un salario adecuado, el desarrollo de nuestras potencialidades económicas, etc.,
Es falsa la antinomia desarrollo versus defensa del ambiente.
Si queremos realizar un proyecto productivo, llámese forestación, papeleras, explotación de los recursos naturales en general, lo podemos hacer. Nadie está contra al progreso y tampoco los están los que defienden, racionalmente y sin extremismos el medio ambiente.
Es falsa la afirmación de que un proyecto productivo de importancia no trae efectos ambientales. Producir en esa escala siempre va a traer efectos ambientales. Lo que se pretende desde el ambientalismo es que esos efectos ambientales sean los menores posibles; sean adecuadamente mitigados; en principio, no sean acumulativos; no pongan en riesgo la salud; que se establezcan planes de contingencia ante un desastre ambiental, etc.,
Es cierto que en cualquier proyecto productivo deben cumplirse ciertas leyes y principios ambientales:
-La utilización de la mejor tecnología disponible, significa que no se puede aceptar una tecnología altamente perjudicial, porque ese es el principio mundialmente aceptado. En lo posible entonces debemos desechar las tecnologías que muchas empresas que, como no la pueden utilizar en su país de origen, la quieren utilizar en las regiones periféricas, simplemente porque somos pobres.
-Aceptar que la contaminación no reconoce fronteras, ni locales, ni nacionales. Entonces cuando se pretende realizar un proyecto productivo hay que tener antes determinado los efectos de la localización geográfica. Seguramente los habitantes de la Ciudad de Corrientes, que somos el 40% de la población de la provincia, no vamos a estar de acuerdo que al lado de la ciudad de instale una empresa que termine con nuestro balnearios, con nuestra pesca o que emane un olor a “podrido” irrespirable y que finalmente afecte gravemente nuestra salud; cuando la vida y la salud son los valores más preciados de todo ser humano.
-Aceptar el principio de prevención e información pública: Ello se logra mediante el PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL, que implica: a) EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; b) LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA; C) LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE y d) EL SEGUIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR TODA SU VIDA ÚTIL. Es decir si una fábrica va a durar 50 años, durante ese tiempo el Estado debe controlar que se cumplan las leyes ambientales. En el Estado moderno, son muy pocos los secretos que se deben guardar, al contrario la regla es que todo lo que hace el Estado y los particulares que puedan afectar el medio ambiente deben ser conocidos por todos y todos tienen el derecho de opinar porque el ambientees propiedad de todos los habitantes. Y sería un contrasentido que yo no sepa lo que pasa en mi propiedad. Con la aclaración de que si bien el ambiente es de todos, lo es también de las generaciones futuras y entonces más que propietarios somos administradores, tenemos una hipoteca social, con un ambiente cada día más contaminado.
-Internalizar los costos y las cuestiones ambientales: Se debe determinar con claridad quiénes deben pagar los costos ambientales y no como hoy que los pagamos todos indiscriminadamente (en particular los más pobres y desamparados de nuestra sociedad). Por otro lado es a todas luces conveniente pretender que todas las empresas PÚBLICAS Y PRIVADAS tengan gerencias ambientales; que antes de tomar una decisión gubernamental se coordine con los organismos especializados la viabilidad ambiental, que se realice cuando así corresponda y previamente un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL o una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL cuando así lo marque la ley, que se sometan a las normas de Standarización Internacional (ISO 900/ISO 14.000). Antes de tomar una decisión pública o privada debe evaluarse adecuadamente el impacto ambiental de tal decisión, por personas competentes y conocedoras del tema. El Derecho Ambiental está hecho fundamentalmente para prevenir antes que para sancionar.
Hoy debemos cuidar el ambiente no por vocación, sino por necesidad y nadie se puede hacer el distraído y dar opiniones a la ligera. No puede ser que nuestra elección sea entre el CANCER y el TRABAJO.
La opción entonces no es entre ambientalismo versus crecimiento económico.
La opción es el DESARROLLO SUSTENTABLE, es decir como decía el informe Brundtland, en la obra Nuestro Futuro Común de 1.987 y que casi literalmente lo toma nuestra Constitución en su art.41º,”… el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”, lo que denota un proceso económico, social, cultural y político abarcativo, que tiende a la mejora constante del bienestar de una población en su conjunto y de sus miembros individuales, sobre la base de su participación activa, libre y relevante, con la distribución equitativa de los beneficios que dicho proceso genera.
Finalmente no puedo dejar de hacer notar que los mayores problemas ambientales que tiene La Argentina y el Mundo son: la pobreza producto de la inequitativa distribución de los ingresos, las personas que no tienen acceso a la salud, a los medicamentos, al agua potable,a un trabajo digno y adecuadamente remunerado, a la vivienda, los basurales a cielo abierto, a vivir en paz sin el flagelo de la guerra, a no ser discriminados por su raza, credo, religión, sexo o condición social, etc.,
Los que creemos en un mundo mejor, que evolucione y no involucione o se autodestruya,en mi humilde opinión, estamos con un desarrollo sustentable y no con falsas antinomias creadas por intereses que evidentemente no son nada claros y no sabemos a quién o quiénes responden.
El Dr. Carlos Aníbal Rodriguez
Juez de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Corrientes.
Master en Derecho Ambiental de la Universidad del país Vasco (España).
Publicado por El portal Jurídico
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