Un abogado libreño asegura que con las cesantías se avasallan derechos

El doctor Oscar Ernesto Tovani, defensor de la escribana pública nacional María Natalia Aquino, definió como "nulo" el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial por el que dejó cesante a numerosos empleados públicos de diversas reparticiones del Estado, sobre el que sostiene "se está avasallando varios derechos constitucionales".

Ante la cesantía masiva que determinó el Gobierno provincial, mediante el Decreto Nº 527/10, en diversas áreas de la Administración Pública; el abogado de una de las personas cesanteadas -Jefa el Registro Civil de Paso de los Libres- doctor Oscar Ernesto Tovani, realizó declaraciones ante los micrófonos de LT 25 Radio Guaraní, a través de su corresponsalía.

Periodista: Doctor coméntenos por favor, sucintamente, cómo es el tema, ¿a quién está representando y a qué repartición del Estado pertenecía esta persona?

Dr. Oscar Tovani: Le puedo comentar porque he hablado con mi clienta y ella estuvo de acuerdo en que se diera a conocer. Represento concretamente a la escribana María Natalia Aquino, que era jefa del Registro Civil de Paso de los libres; el jueves de la semana pasada hemos interpuesto una acción de amparo con medida cautelar en el Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad, contra el Decreto Nº 527/10 del Poder Ejecutivo de Corrientes, que es el Decreto que ha cesanteado no sólo a mi clienta, sino a un sinnúmero de empleados en toda la provincia.

P: Esta presentación de amparo ¿qué camino ha tomado o qué respuesta ha tenido por parte de la Justicia?

OT: Hoy es día de notificaciones, pero hasta el momento no nos hemos notificado de ninguna resolución al respecto; pero es dable destacar que tenemos un antecedente favorable en este Juzgado y es de una persona que también pertenecía al Registro Civil de esta ciudad y ha salido favorable su medida cautelar.

P: Doctor, ¿cuáles son las causales de despido en estos casos?

OT: Las causales de despido son las esgrimidas en el Decreto 527, en el que se limita a expresar únicamente que el agente no reúne las condiciones y aptitudes suficientes para ser confirmado en el cargo para el cual fuera consignado y luego habla de la idoneidad sucintamente y sin fundamento alguno. Lo que se ataca concretamente es el acto administrativo en sí, por falta de causa.

P: Este Decreto no discrimina en cada caso en particular para cada empleado, es masivo digamos, ¿cómo lo ve como abogado, desde lo constitucional, a este acto?

OT: Es totalmente nulo. Por eso se ataca el acto administrativo a tal punto, imagínese, que estamos hablando de falta de idoneidad; en este caso falta de idoneidad de una Escribana Pública Nacional que se desempeñaba como Jefa del Registro Civil hace muchísimo tiempo. En este sentido también debemos hablar de muchos otros empleados públicos que se han desempeñado durante mucho tiempo en distintos lugares, de los que no existe la falta de idoneidad que aduce el Poder Ejecutivo Provincial. Y constitucionalmente hablando, se están avasallando varios derechos constitucionales que es la parte jurídica que nos interesa a nosotros y la respuesta que ha tenido en el Juzgado Civil y Comercial de Paso de los Libres, fallando a favor -como le dije antes- de una empleada que cumplía funciones en el Registro Civil. Y este fue el antecedente que nos dio el puntapié inicial para plantear en muchos casos de cesanteados de Paso de los Libres, en una comunidad chica como la nuestra; imagínese, 30 ó 50 cesanteados son 30 ó 50 familias que no van a poder llevar el pan a su mesa. Tiene mucha repercusión económica en nuestra ciudad.

P: Con el reclamo judicial que realiza usted, ¿se pretende que se la reintegre en el cargo, una indemnización o cuál es el camino que pueden llegar a tomar?

OT: El planteo es el siguiente: una acción de amparo con una medida cautelar; saliendo favorable la medida cautelar, la Jefa del Registro Civil sería restituida en el cargo, seguiría trabajando y el juicio propiamente dicho continuaría su trámite, más adelante se verá si podría haber lugar a daños y perjuicios u otra acción por la que se pueda haber afectado a la persona.

P: ¿En muchos casos se afectaría la economía de la provincia, al comenzar a llenarse de juicios en contra y en muchos casos se supone que serían desfavorables?

OT: Efectivamente, es así. No sé cómo habrán interpretado los demás jueces del resto de la provincia en cuanto a la interpretación de los derechos constitucionales que se están avasallando con este Decreto -en estos despidos masivos-; nosotros hemos tenido suerte en la interpretación correcta, desde nuestro punto de vista, de los derechos constitucionales que están lesionados totalmente, que es el derecho mínimo a trabajar y la estabilidad del empleado público.

Publicado por El Libertador