El operativo para salvar al magistrado santotomeño es indisimulable. La recusación del Fiscal General, César Sotelo, representante del Ministerio Público, órgano acusador, dejó en evidencia que el lobby económico que rodea al caso vulnera al propio sistema constitucional de remoción de jueces.
Desde Buenos Aires se observa con cautela el desarrollo del juicio al titular del Juzgado Civil y Comercial, uno de los responsables, según el ministerio de justicia de la nación, de desembolsos millonarios a múltiples demandantes, no domiciliados en la ciudad de Santo Tomé, pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad Nacional (Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, y otros), en detrimento de la caja del ANSESS.
Por situaciones similares pocos meses atrás fue destituida por igual jurado, la otrora jueza Graciela Beatriz Duarte. Hoy la realidad es distinta. Los representantes legislativos del jury parecen haber mudado de opinión. Nadie esconde las presiones y las complicidades políticas que ensucian al proceso, que ni siquiera aún ingresó en su etapa de debate caliente. Cuando fue acusada Duarte, quien decidió llevar adelante su decisión de admisión y tratamiento de las causas federales, contrariando el artículo 116 de la Constitución Nacional, la ley provincial de Amparos 2903, provocó una nota de agravio enviada por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación Joaquín Da Rocha. El funcionario llamó la atención al Poder Judicial de Corrientes por la acción desplegada por la jueza Duarte, ocasionando un daño irreparable a la Justicia ante la indefensión del Estado Nacional en el inicio de las cautelares.
LOS CASOS
Algunos integrantes del Jury aparecen atados a causas penales en curso, como también a sanciones disciplinarias. La figura del senador Vicente Picó, quien votó la separación de Semhan y Sotelo, está atada a la estafa de la publicidad oficial del gobierno de Arturo Colombi. Un empleado suyo, contratado en la cámara alta, Ramón Horacio Romero, quien vivía en 208 viv. Mz. “B” Casa 5 – Paso de los Libres, en 2008 percibía una remuneración Bruta de $3.411,77. No se sabía su lugar de trabajo. Desde 2007 cobró simultáneamente del Estado $251.969,85 por publicidad oficial ($9.000 + $190.000 + $52.969,85) - Cuit 23-24482829-9. El abogado Daniel Oscar Ojeda, quien representa al Colegio de Abogados de la quinta circunscripción judicial en el Jury, estuvo involucrado tres años atrás en Santo Tomé, en irregularidades en el planteo de recusaciones. Se había levantado indebidamente un embargo, donde hubo un perjuicio económico para una de las partes. Por el caso existe un sumario que se interrumpió porque no quedaba claro, si el acto disciplinario correspondía al máximo órgano judicial correntino, o a los tribunales de ética del gremio de los abogados. “Los abogados representes de sus entidades ante el Consejo de la Magistratura, deben poseer “las mismas condiciones requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia” (Constitución Artículo 194)”.
Diario1588
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